YPF: los Eskenazi “compraron” con futuros dividendos y hoy miran el juicio en Nueva York

Noticias Argentinas nos cuenta el histórico juicio por la estatización de YPF entra hoy en una etapa clave en la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde se decidirá si Argentina debe pagar la sentencia de 16.100 millones de dólares —más de 2 millones diarios en intereses— con el 51% de las acciones que el Estado posee en la petrolera. En el centro de la escena están los herederos del Grupo Petersen, la familia Eskenazi, que años atrás adquirió el 25% de la compañía con un esquema singular: financiar la compra con futuros dividendos.

La historia comienza en 2008, cuando el Grupo Petersen, controlado por Enrique

Eskenazi y sus hijos, compró un cuarto de YPF a Repsol. La operación, de alrededor de 3.000 millones de dólares, se concretó sin que los compradores desembolsaran capital propio, ya que la española Repsol y un consorcio de bancos internacionales —entre ellos Credit Suisse, Goldman Sachs y Citibank— financiaron la compra con la garantía de que los dividendos de YPF cubrirían las cuotas de la deuda.

Este modelo funcionó hasta 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, expropiando el 51% de YPF y prohibiendo el reparto de dividendos. Sin ese flujo de fondos, el Grupo Petersen incumplió sus compromisos y terminó en quiebra.

La quiebra de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora fue tramitada en España. En 2015, el derecho a litigar contra Argentina fue subastado por el síndico designado por el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid. El ganador fue Burford Capital, un fondo especializado en financiar pleitos internacionales, que también asumió el financiamiento del reclamo de Eton Park, otro accionista afectado.

Aunque Burford no adquirió las demandas, sino solo el derecho a gestionarlas, el acuerdo le otorga el 70% de cualquier eventual cobro, mientras que el 30% restante corresponde a la masa de acreedores de Petersen. En la práctica, esto deja a la familia Eskenazi sin compensación directa, dado que las deudas superan ampliamente lo que podría ingresar por esa vía.

El juicio no cuestiona la potestad del Estado argentino para expropiar, sino el incumplimiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que exigía el estatuto de YPF para proteger a los accionistas minoritarios. Este incumplimiento permitió que la demanda se presentara en Nueva York, bajo las reglas de Wall Street, donde la petrolera cotiza desde los años 90.

Actualmente, la Corte de Apelaciones de Nueva York analiza tres posibles decisiones: mantener la medida cautelar que suspende el traspaso de acciones; levantar la cautelar y ejecutar la entrega del 51% de YPF como pago; u ordenar el reemplazo por otros activos, como bonos de mediano o largo plazo, difundido por Noticias Argentinas.

Si se levantara la suspensión y Argentina no cumpliera, el país podría enfrentar un escenario de desacato, con riesgo de embargos sobre reservas del Banco Central, activos de YPF en el exterior o restricciones para acceder a los mercados internacionales.

Mientras tanto, en Buenos Aires y en Madrid, los Eskenazi siguen de cerca esta pulseada judicial que definirá el destino de una operación que hace quince años se presentó como un negocio estratégico y que hoy se convirtió en uno de los litigios más costosos de la historia argentina.